La ampliación del estado de emergencia, en Lima y Callao, decretada el 29 de abril por el gobierno, fue impuesta como respuesta al alto índice de criminalidad y constantes extorsiones y atentados contra transportistas registrados en los últimos meses.
Fuente: Ministerio Público
Según el ministerio del público, entre agosto 2024 y diciembre 2025, se registraron 125 atentados relacionados a los crímenes de extorsión en el transporte público, dejando 169 víctimas afectadas entre fallecidos y lesionados.
A su vez, el informe nos detalla que el 67,5% de los afectados fueron los conductores de las respectivas unidades, mientras que pasajeros y cobradores sufrieron daños colaterales por estos ataques.
Frente a esta situación, el Gobierno decidió ampliar el estado de emergencia como una medida para enfrentar las organizaciones criminales y reducir los índices de violencia por extorsión.
Ciudadanos aún se sienten inseguros
A pesar de estas medidas implementadas por el Gobierno para combatir la criminalidad, la preocupación de sector transporte continúa.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 84% de la población considera que viva en un entorno inseguro.
Esto refleja que la sensación de vulnerabilidad persiste, especialmente entre los transportistas, quienes son unos de los principales blancos. Esto evidenciando el desafío que enfrenta el Estado para recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar condiciones de seguridad para todos.
¿Cómo funciona el estado de emergencia?
Tuvimos una entrevista con el general de la PNP. Manuel Vidarte Perrigo, actual director de Turismo y ex director de Tránsito, Transporte y Seguridad vial a nivel nacional de la Policía, quién nos señaló que el estado de emergencia “es una herramienta, no la solución”.
El oficial nos explicó que esta medida permite realizar intervenciones, identificaciones y registros con mayor rapidez para combatir el delito y desarticular bandas criminales vinculadas al transporte público. No obstante, afirmó que la medida por sí sola no resolverá el problema mientras no exista una respuesta articulada por el Estado.
“La seguridad pública es una cadena”, declaró Vidarte, al señalar que la Policía Nacional, el Ministerio Publico y el Poder Judicial deben trabajar conjuntamente para enfrentar las extorsiones y garantizar sanciones efectivas contra las organizaciones criminales.
Según indicó, la seguridad pública no depende únicamente de la presencial policial, sino también de decisiones políticas, judiciales y administrativas que permitan investigar, procesar y sancionar a las organizaciones criminales.
Asimismo, sostuvo que el Gobierno si ha logrado ciertos avances mediante la desarticulación de bandas criminales y la captura de delincuentes; no obstante, reconoció que las extorsiones continúan afectando a transportistas debido al miedo de las víctimas por denunciar y a las limitaciones existentes dentro del sistema de justicia.
Fuente: Entrevista
Otros factores
A todo esto, Vidarte consideró que la problemática también está relacionada a factores estructurales como la informalidad en el transporte público y la falta de coordinación entre instituciones estatales y empresas privadas, especialmente las compañías de telecomunicaciones, que brinden rápidas informaciones sobre las líneas utilizadas por las organizaciones criminales para realizar amenazas y los cobros extorsivos.
ESTADO DE EMERGENCIA - TRANSPORTISTAS - LIMA - CALLAO